¿Cómo combatir la corrupción?

La forma en la que comúnmente se expresa la corrupción adquiere una gran variedad: desde una libreta de tránsito a medio abrir, hasta un auto de lujo o un viaje en crucero a costa de los proveedores del Gobierno. Cada uno de estos hechos forma una red de favores que buscan garantizar su auto-reproducción.

Sin embargo, la amplia gama de actos de corrupción se caracterizan por la conjugación de dos prestaciones voluntarias entre sobornador o sobornado que, puedan o no verlo de forma inmediata, causa un efecto nocivo para alguien más.

Pensemos, por ejemplo, en el proveedor que, aun con mejor precio y calidad de sus productos, no consiguió el contrato de alguna dependencia de gobierno para surtirle papel; el comercio o industria que logra establecerse en una zona habitacional a pesar de que genera residuos tóxicos o simplemente el funcionario que solicita sin la menor vergüenza, el 10 por ciento del monto de los contratos que, como parte de sus obligaciones, debe evaluar.

El combate a la corrupción es una tarea que involucra, en la misma medida, a sociedad y gobierno en un camino que transita de la concepción mínima de la democracia (elecciones limpias y legítimas) a un espectro mucho más amplio que implican la participación ciudadana, una mejor cultura política y mecanismos de rendición de cuentas. No es gratuito que de acuerdo al Índice de Opacidad publicado por el Milken Institute, sean los países con una larga tradición en la transparencia gubernamental, los que tengan menores grados de opacidad.

Estas mediciones nos ayudan a ser conscientes sobre los efectos colaterales de la corrupción. Por ejemplo, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, en América Latina  la corrupción absorbe alrededor del 9 por ciento de su  Producto Interno Bruto (PIB); en México, la cifra alcanza más del 10 por ciento, un monto mayor al que se destina al rubro de Educación.

De acuerdo a un estudio de la empresa CEI Consulting, los mexicanos comienzan a involucrarse en prácticas corruptas, en promedio, a los 12 años y existe el 87 por ciento de posibilidades de que un mexicano pague sobornos al menos una vez en su vida.

Para combatir este fenómeno, sin duda es necesario, por un lado, formar cuadros profesionales con vocación de servicio y compromiso social; así como ciudadanos conscientes del protagonismo que tienen para evitarlo.

Poco a poco, nuevas generaciones de representantes populares y administradores públicos hemos tenido la oportunidad de imprimir nuestro vigor y compromiso con México para modificar vicios que la inercia de los años han hecho costumbre. Pero quienes hemos tenido el privilegio de vivir de cerca esta experiencia sabemos que nuestro esfuerzo aun es incipiente y debemos de mantener el paso.

Además de una nueva mentalidad, de un nuevo paradigma que nos haga cumplir nuestros compromisos, servir a la gente y saber que nuestras acciones u omisiones tienen consecuencias en la vida diaria de las personas, se han dado pasos importantes en la creación de plataformas electrónicas para que un mayor número tengan acceso a la información pública.

El tratamiento discrecional y opaco de los recursos públicos abre un enrome espacio para que los gobernantes y las agencias encargadas de redistribuir la riqueza nacional puedan establecer intercambios personales y corromper el proceso presupuestal. Un país que mantenga altos niveles de opacidad presupuestal representa un escenario fértil para la corrupción en el tratamiento de los recursos públicos.

Por ello, como integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXII Legislatura del Senado de la República me he comprometido a impulsar políticas públicas para prevenir los actos corruptos y generar una cultura de legalidad, en renovar los marcos normativos que regulan el servicio público, para garantizar procesos ágiles, transparentes y que den certeza a los ciudadanos; así como a fortalecer las capacidades de las instituciones que vigilan y castigan a quienes cometen estas irregularidades, evitando la impunidad de aquellos servidores públicos que se corrompen y buscando se resarza a los mexicanos cualquier quebranto en nuestro patrimonio.

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