¿Cómo nos afecta el endeudamiento de los estados?

Más allá de la precariedad de los registros de ingreso y gasto gubernamental, que impide cumplir con la armonización contable entre las cuentas de la Federación y autoridades locales, los presidentes municipales y gobernadores enfrentan un estado financiero con tal grado de endeudamiento, que carecen de toda capacidad para innovar su gestión y cumplir con las expectativas que generaron durante su campaña.

Más aun, su liquidez para hacer frente al pago de servicios personales y públicos básicos, tales como la recolección de basura, la vigilancia policiaca o la operación regular de los ayuntamientos está completamente comprometida.

La crisis financiera de los estados es atribuible a un deficiente sistema de contrapesos en el ejercicio fiscal. Por un lado, existe una fuerte dependencia de estados y municipios a los ingresos federales, que se suma a procedimientos sin verificación para  contraer deuda, negociar condiciones de pago, otorgar como garantía sus ingresos futuros y contratar deuda directamente en el mercado de valores.

Por otro lado, la prohibición de contratar créditos en moneda extranjera; la aprobación del presupuesto  por los congresos locales; y el hecho de que los recursos contratados deban destinarse a proyectos de inversión productiva, forman un muy delgado sistema de contrapesos. Es decir, el techo de endeudamiento y la fiscalización de sus recursos corresponde a Congresos Locales afines a gobernadores y presidentes municipales, que permiten un ejercicio de recursos sin control eficaz.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el incremento de la deuda en 16 estados registra niveles críticos, ya que representa más del 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del Ramo 28, ingresos que -de acuerdo con la misma Secretaría- constituyen la garantía de más del 80 por ciento de los créditos contratados.

En medio de esta situación, se han generado debates que confrontan a quienes desean hacer un rescate financiero desde la Federación -principalmente liderazgos priistas subnacionales- y aquellos que se oponen al financiamiento de la deuda.

El incremento irresponsable de la deuda en estados y municipios condiciona la permanencia y continuidad de los servicios públicos y restringe la capacidad reformadora de una administración propositiva; mantiene la desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades y compromete sus ingresos futuros.

Sin embargo, el endeudamiento responsable y destinado a inversiones altamente planificadas puede significar la diferencia entre el atraso y la modernidad para buena parte de las localidades del país.

Por ello, como Senadora de la LXII Legislatura, mi compromiso es reforzar los candados a la contratación de deuda pública local, garantizar se destine a inversiones productivas y promover los instrumentos jurídicos que den contundencia a la transparencia que los mexicanos exigimos de nuestras autoridades.

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